La ocupación ilegal de terrenos en infraestructura, particularmente en reservas territoriales estatales, continúa tomando forma en la provincia de Luanda, constituyendo, en los últimos meses, un negocio "deseable" que involucra, una y otra vez, a presuntos funcionarios público.
Estas prácticas involucran, casi a diario, a cientos de personas de diversos estratos sociales, muchos de ellos representantes del aparato del Estado (inspectores), las Fuerzas Armadas de Angola, la Policía Nacional e incluso las comisiones de vecinos legítimamente elegidas.
A pesar del reforzamiento de las medidas de inspección por parte de las autoridades municipales, es común presenciar, hoy, constantes conflictos en las reservas territoriales entre gestores locales e invasores.
Datos del Gobierno Provincial de Luanda, a la que tuvo acceso la ANGOP, indican que los municipios de Cacuaco, Belas y Viana son en la actualidad los que presentan mayores casos de ocupación desordenada y venta ilegal de terrenos en las reservas territoriales del Estado, reservados para proyectos sociales.
Uno de los grandes ejemplos de esta problemática, que está comenzando a tomar el sueño de las autoridades del Estado en casi todos los municipios y distritos de Luanda, es el barrio denominado Tande-2, ubicado en la margen derecha de acceso a la ciudad de Sequele.
Construido hace más de cuatro años, en una zona considerada reserva estatal, el barrio cuenta con más de cinco mil chozas precarias, en su mayoría hechas con láminas de zinc, por ciudadanos vulnerables.
Algunos vecinos, en su mayoría del interior del país y otros barrios de Luanda, dicen que el espacio fue cedido por familias y otros individuos presuntamente propietarios de las parcelas, versiones que las autoridades desmienten.
Cabe recordar que, según la Constitución de 2010, la Tierra se considera "propiedad del Estado".
