Nueva York - La empresa norteamericana Squire Patton Boggs (SPB) afirma que desconoce cualquier investigación en curso de la justicia de los Estados Unidos a las autoridades angoleñas, particularmente al Presidente de la República, João Lourenço.
“No fuimos abordados por ningún investigador de los Estados Unidos”, declaro a la Lusa el jefe del grupo de políticas públicas de la compañía de abogados y representante de las relaciones con Angola, Robert Kapla.
El responsable reaccionaba ante un informe de la consultora y compañía de informaciones Pangea-Risk, avanzado el lunes último, por el periódico "Expresso", según el cual está en curso, desde 2020 , una investigación de la justicia norteamericana a João Lourenço, la primera dama de la República, Ana Dias Lourenço, y varios socios de negocios y empresas, sobre alegadas violaciones de leyes y reglamentos de los EE.UU..
La SPB, contratada por el Gobierno angoleño, se recusó a especular o hacer comentarios alegando falta de pruebas de que la investigación exista, reiterando su confianza en el ramo de Angola, bajo liderazgo de João Lourenço.
La compañía de abogados y de lobby con sede en Washington sustenta que ninguna especulación de ilegalidad se justifica, en lo que respecta a su participación en relaciones con Angola.
Robert Kapla declaró que la empresa es transparente en su trabajo, y es una cuestión de registro público sometido al Departamento de Justicia de los EE.UU., conforme exigido por la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de los EE.UU.
“El Presidente Lourenço ha seguido una agenda audaz para acabar con la corrupción en Angola y traer las reformas necesarias para la economía del país”, dijo, acrecentando: “Tenemos orgullo de apoyar a la Presidencia en ese esfuerzo”.
Según el especialista y consultor, existe una “larga y creciente lista” de partidarios de las reformas anti-corrupción en Angola, “incluyendo el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, Unión Europea y los Estados Unidos”, que “apoyan activamente esfuerzos del Presidente para transformar la economía en beneficio de todos los angoleños”.
A pesar de eso, dentro del país es notoria una onda de resistencia en el combate a la corrupción, consideró el responsable, adelantando que “esos esfuerzos encontraron, inevitablemente, resistencia de aquellos que lucraron con la corrupción y la ilegalidad en el pasado”.
Los documentos sobre la actividad de la firma son públicos y registrados en el cuadro de la “Foreign Agents Registration Act” (Ley de Registro de Agentes Extranjeros, FARA, en la sigla en inglés), actualizados a cada seis meses, donde el trabajo en nombre de entidades fuera de los Estados Unidos es descrito, junto con los pagos recibidos y también desembolsados por la empresa.
