Lima - Un juez peruano extendió de 18 a 36 meses la prisión preventiva del ex Presidente peruano Pedro Castillo, acusado de corrupción, anunció hoy la Defensoría del Pueblo del país, citada por la agencia de noticias Lusa.
“El Tribunal Supremo de Investigación Preparatoria impone 36 meses de prisión preventiva a Pedro Castillo”, declaró la justicia peruana en Twitter.
El ex Presidente se encuentra detenido desde diciembre por presunta participación en una organización criminal durante su mandato (2021-2022), participando en un intento de golpe de Estado, según lo acusa la fiscalía, que decidió ampliar la prisión preventiva a 36 meses.
El martes, en una audiencia virtual desde la cárcel, convocada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, Pedro Castillo negó "de manera rotunda y categórica" ser el autor material o haber formado parte de una red criminal.
Desde diciembre, Pedro Castillo cumple una orden de prisión preventiva de 18 meses por intento de golpe de Estado, destinado a gobernar por decreto, disolver un Congreso hostil y convocar a elecciones para una asamblea constituyente.
Pedro Castillo alega que se encuentra privado de su libertad y ha asumido "una situación de conspiración que existe" y "presión mediática", pidiendo "que demuestren" las acusaciones dirigidas contra él.
El Ministerio Público también solicitó 36 meses de prisión preventiva para los ex ministros de Transporte y Vivienda, respectivamente Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López.
Silva Villegas, quien se encuentra prófugo desde 2022, es imputado por el delito de organización delictiva y colusión simple, mientras que Alvarado como presunto autor del delito de organización delictiva.
El proceso se refiere a presuntas irregularidades detectadas en obras del Puente Tarata II, en la norteña región de San Martín, y en otros presuntos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
Tras la detención de Castillo, hubo movilizaciones populares que exigían su liberación, la renuncia de su vicepresidenta Dina Boluarte, quien asumió como jefa de Estado, la anticipación de elecciones, la disolución del parlamento y la convocatoria de una asamblea constituyente.
