Jerusalén - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticó hoy, miércoles, las declaraciones de un miembro del Otzma Yehudit, partido de extrema derecha israelí que forma parte de la coalición de gobierno, tras un pedido de arresto de miembros de la oposición, según a la estación de radio Kan.
“En un país democrático, no arrestamos a los líderes de la oposición. (...) Tampoco alentamos la desobediencia civil entre los ciudadanos", dijo Netanyahu durante una conversación con el presidente israelí, Isaac Herzog, y agregó que no llamar a los ministros "nazis" o al gobierno judío "Tercer Reich".
Estas declaraciones se realizaron luego de que la diputada del partido de extrema derecha Otzma Yehudit Zvika Fogel pidiera el arresto de los líderes de la oposición en una entrevista con la estación de radio Kan.
Otzma Yehudit está dirigida por el actual Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.
Por su parte, el ex primer ministro de Israel, Yair Lapid, líder de Yesh Atid, acusó a Fogel y explicó que “así se derrumba la democracia en un solo día”, en alusión también a las protestas que tuvieron lugar el sábado en Tel Aviv. en el que, según los organizadores, participaron al menos 20.000 personas.
Tras hablar con el jefe de Estado, Netanyahu dijo en Twitter que “este es un período sensible y explosivo para el pueblo israelí”.
“Hago un llamado a todos, funcionarios electos y ciudadanos de Israel en todo el espectro público y político: muestren moderación y responsabilidad. Hay que calmar los ánimos. En los últimos días he estado trabajando y conversando con muchas partes y haciendo todo lo posible para tener un diálogo digno y cortés, esperando llegar al más amplio entendimiento posible”, agregó.
Netanyahu volvió al poder a finales de diciembre de 2022 con una coalición de extrema derecha, siendo blanco de críticas dentro y fuera del país.
El sábado último, miles de personas se manifestaron en Tel Aviv contra el gobierno y el controvertido plan de reforma judicial, que otorgaría a la mayoría parlamentaria el poder de anular decisiones del Tribunal Supremo y erosionar la independencia del poder judicial.
